1994 - 2018
1. Período presidencial de Ernesto Samper: 1994-1998
En 1994 tuvo lugar la primera elección presidencial bajo la figura de dos vueltas aprobada por la Constitución de 1991. Debido a un cuasi empate en la primera vuelta con su contendor Andrés Pastrana, éste sólo pudo ganar en la segunda vuelta con un estrecho margen de 18.439 votos, lo cual de por sí genera siempre un clima de tensión política. A las pocas semanas de concluir las elecciones se descubrió que entre la primera y la segunda vuelta entraron millonarios recursos del Cartel de Cali a la campaña samperista; este hecho comprometió seriamente la gobernabilidad del presidente recién elegido, no obstante haber despertado grandes expectativas en amplios sectores progresistas del país, dado el programa de corte socialdemócrata anunciado en su campaña.
Samper pudo gozar al menos en el primer año de un clima favorable para avanzar en su plan de desarrollo denominado “El salto social”; alcanzó a crear la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se abrieron canales de comunicación con las FARC, el ELN y las disidencias del EPL y el M-19. Todo parecía bien enrumbado hasta que el escándalo que se llamó “Proceso 8.000” colmó el espacio político y mediático, entre julio de 1995 y junio de 1997. Samper, más que gobernar, debió dedicar la mayoría de su tiempo y de sus recursos de poder durante los dos años siguientes para sostenerse en el gobierno e impedir ser condenado.
De otra parte las relaciones tensas con la Casa Blanca vinieron a coincidir con la presidencia de Colombia del Movimiento de los Países No-Alineados (MPNA). El gobierno pensó que podía servir de mediador con regiones o países muy conflictivos en el ámbito internacional, y así podría suavizar sus relaciones con Washington, pero esto nunca se logró y el distanciamiento con los Estados Unidos agravó la debilidad del gobierno a lo largo de todo su mandato.
Lo máximo que logró el gobierno Samper en sus relaciones con la Casa Blanca fue una cooperación fragmentada, pues había ya un alto grado de entendimiento con la Policía Nacional y en particular con su director, el general Rosso José Serrano, pero a la vez le cerraba las puertas al resto del Gobierno, e incluso a las Fuerzas Militares. En el campo internacional, la administración Samper representó una gran paradoja, pues pese a que Colombia estaba ejerciendo dos cargos internacionales de gran importancia, como son la Secretaría de la OEA y la presidencia del MPNA, jamás un presidente había sido tan débil en la esfera global.
En noviembre de 1994 las FARC habían solicitado la desmilitarización del municipio de Uribe para llevar a cabo la primera reunión directa, pero cuando la desmilitarización iba a ser un hecho, el general Harold Bedoya Pizarro, comandante de las Fuerzas Militares, solicitó que se excluyera el casco urbano para evitar que las instalaciones militares fueran ocupadas por la guerrilla. Samper acogió la solicitud del general Bedoya, pero las FARC reaccionaron en un comunicado firmado el 23 de febrero de 1996, declarando al Gobierno como ilegítimo y llamando a conformar un nuevo gobierno.
Las FARC despreciaron así durante cuatro años los mejores interlocutores que hubieran podido conseguir para avanzar en un acuerdo de reconciliación, y aprovecharon para dar un salto cualitativo en sus operaciones militares al pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, mediante la movilización de centenares de guerrilleros actuando de manera simultánea contra objetivos militares importantes. Además, las FARC comenzaron a tomar como rehenes, a miembros de la Fuerza Pública con el objetivo de intentar un intercambio con militantes de la guerrilla que estaban detenidos en cárceles estatales. El gobierno se negó al canje, pero aceptó el despeje que habían solicitado las FARC dos años atrás para obtener la entrega de 60 soldados y 10 infantes de marina retenidos.
El despeje del municipio de Uribe, el primero que se realizó en el país, tuvo una duración de un mes y abarcó 13.661 kilómetros cuadrados. El día de la entrega de los soldados, el Gobierno nacional recibió una comunicación de Manuel Marulanda solicitando el despeje de cinco municipios más para iniciar conversaciones con todas las fuerzas vivas de la nación y concluir el proceso en una Asamblea Nacional Constituyente.
En este mandato presidencial, una de las expresiones del activismo social creciente fue el voto a favor del Mandato Ciudadano por la Paz, el cual tuvo alrededor de 10 millones de votos a favor de la superación de la violencia. Unos meses después del éxito que tuvo esta campaña en las elecciones de 1997, en febrero del año siguiente se revivieron las conversaciones con el ELN, con la mediación del gobierno español, y se suscribió un preacuerdo en forma privada, pero todo se vino abajo debido a una filtración cuyo origen se desconoce; además, cinco días después de la firma del preacuerdo el 14 de febrero de 1998, murió de una hepatitis el cura Manuel Pérez, máximo líder del ELN, lo cual frustró por completo los intentos de negociación.
2. Período presidencial de Andrés Pastrana: 1998-2002
La incidencia que tuvieron las FARC en los resultados electorales de 1998 a favor de Andrés Pastrana fue determinante para su triunfo. El candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, había aventajado al candidato conservador en la primera vuelta, con una diferencia de 33.729 votos. En la segunda vuelta Pastrana le ganó a Serpa con la bandera de la paz, al lograr un guiño de las FARC a favor de su candidatura. Al prestarse a esto, las FARC golpearon a Horacio Serpa, quien representaba la mejor garantía de paz por su trayectoria política e ideológica.
Pastrana entonces tomó la bandera de la paz como el eje central de su gobierno, jugándose por entero su prestigio y su capital político al apoyar este anhelo nacional; así lo demostró con el título de su plan de desarrollo, “Cambio para construir la paz”; si el proceso de paz fracasó durante su gobierno, no fue por falta de voluntad política del presidente.
Paralelamente, el presidente Pastrana buscó en forma decidida, no solo restablecer las relaciones con Estados Unidos, sino también convertirlo en un socio clave para mejorar el orden público en el país, mediante el diseño e implementación del Plan Colombia, el cual contó con el apoyo entusiasta del presidente Bill Clinton.
En contraprestación, el gobierno nacional se comprometió a reducir el consumo de drogas a través de programas de prevención; a aumentar la eficiencia de las entidades nacionales dedicadas a la lucha contra el narcotráfico; a liderar acciones para desmantelar los carteles de la droga; a fortalecer la extradición; a erradicar los cultivos ilícitos; a mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de la Policía; y a perseguir el lavado de activos y el tráfico de armas. El 13 de junio del año 2000 se firmó el acuerdo bilateral denominado Plan Colombia, convirtiéndose así en uno de los principales receptores de ayuda militar de los Estados Unidos.
En su proceso de paz es importante destacar también la participación de Cuba; los primeros acercamientos entre Fidel Castro y Andrés Pastrana se dieron durante la conferencia celebrada en Durban (Sudafrica) en septiembre de 1998, en la cual Colombia entregó la presidencia de los Países No-Alineados a Nelson Mandela. En enero del año siguiente, Pastrana acompañado por una comitiva de 80 miembros incluyendo ocho ministros, viajó a Cuba para firmar algunos convenios, pero principalmente deseaba consolidar la participación de Cuba en el proceso de paz con las FARC.
Desafortunadamente, con la toma de Mitú, capital del departamento del Vaupés, el 1 de noviembre de 1998, que había sido concebida por las FARC como la evidencia definitiva de su creciente poder militar, se inició paradójicamente su declive. Mediante esta acción audaz, que implicó el desplazamiento de más de 1.500 guerrilleros por vía fluvial provenientes de varios departamentos, las FARC querían demostrar ante el mundo la existencia de un “doble poder” en Colombia, y por tanto podían reclamar su reconocimiento como fuerza beligerante.
Tras los enfrentamientos en Mitú, tanto las FARC como las Fuerzas Militares vieron la necesidad de ganar tiempo. Por ello la “zona de distensión” les caía como anillo al dedo para reentrenar la tropa, preparar nuevos mandos y aprender nuevas técnicas militares con asesores externos. De otra parte el Plan Colombia permitió mejorar de manera sustancial algunos puntos débiles. Al final del período de Pastrana el Ejército contaba ya con 132.000 soldados, es decir un crecimiento del 60% del pie de fuerza, además del fortalecimiento y modernización de la Fuerza Aérea y de la infantería de marina. Estos cambios, más otros en distintos planos como el de comunicación, inteligencia, transporte, etc., le permitirían a la fuerza pública pasar de una actitud defensiva a una postura ofensiva años más tarde, bajo la presidencia de Alvaro Uribe.
Uno de los factores que más negativamente impactó la cohesión del Estado fue la zona de distensión y el retiro de las tropas de San Vicente del Caguán, ya que esta zona tiene un gran valor estratégico porque allí convergen las vías que comunican importantes regiones del sur del país; además el municipio de Uribe colinda con el Parque Nacional de Sumapaz que controla el acceso a la cordillera oriental, y por ende permitiría cercar en el futuro a Bogotá. El origen del problema consistió en que no se definieron reglas claras sobre el uso de esa extensa area una vez desmilitarizada, y las FARC utilizaron este inmenso territorio (42.000 Km2) no solo para fortalecerse militarmente sino para llevar a cabo toda suerte de acciones criminales. Esto produjo el resquebrajamiento de la confianza entre el poder civil y las instituciones militares.
Como lo ha demostrado la experiencia, ningún presidente puede adelantar con éxito un proceso de paz si no cuenta con un Estado unificado, y con el respaldo de las Fuerzas Militares. Cabe señalar que las únicas autoridades que permanecieron en la zona de distensión fueron los cinco alcaldes electos, totalmente impotentes, pues no disponían de policías, ni de jueces, ni de fiscales. Este vacío del Estado trato de ser llenado por las FARC mediante una “oficina de quejas”, manejada por ellos mismos y subordinada enteramente a sus intereses. El despeje del área estaba previsto inicialmente con una duración de 90 días, pero fue prolongada en repetidas ocasiones sin ninguna contraprestación y sin ningún avance en la negociación. Como lo dijo un alto oficial, las FARC entraron al Caguán como guerrilla y salieron como ejército.
Gracias a la lucidez de Pastrana y de su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y de los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, el Estado comenzó a reestructurar las Fuerzas Militares y de Policía, para el caso de que fracasaran las negociaciones de paz. Uno de los factores que más influyó en que las FARC utilizaran la zona de distensión no para avanzar hacia la paz, sino para prepararse para la toma del poder, fue la percepción de que la crisis económica que sufría el país agravaría al máximo las tensiones sociales y crearían a corto o mediano plazo un clima insurreccional. Por lo anterior, las FARC seguían apegadas al dogma marxista en cuanto a creer en que la crisis del capitalismo a nivel global era inevitable.
El 9 de octubre de 1998 el gobierno de Pastrana expidió una resolución en la que se declaraban abiertas las negociaciones con el ELN, y un decreto mediante el cual reconocía el carácter político de este grupo guerrillero. Adicionalmente, el Gobierno permitió la salida provisional de los líderes de las FARC llamados “Francisco Galán” y “Felipe Torres” de la cárcel de Itaguí. Lamentablemente el 18 de octubre de 1998 el Comando Cimarrones del ELN perpetró un atentado contra el oleoducto Central de Colombia que causó la tragedia de Machuca, en la cual murieron decenas de pobladores de esta pobrísima comunidad afrodescendiente. El clima favorable para las negociaciones, que ya había sufrido un traspié con la masacre de Machuca, se volvió a ensombrecer el 12 de abril de 1999 cuando un comando del ELN desvió un avión Fokker50 de Avianca lleno de pasajeros, y un mes más tarde otro comando secuestró a decenas de civiles en un claro atentado contra el Derecho Internacional Humanitario.
El ELN propuso como condición para continuar avanzando en las negociaciones de paz, una lucha frontal contra los grupos paramilitares, lo cual fue aceptado por el Gobierno que lanzó la Operación Bolívar. Esta operación militar afectó ciertamente a los paramilitares, pero también a los campesinos productores de hoja de coca, a las FARC, y finalmente al propio ELN, que temió perder el control de su santuario estratégico en la Serranía de San Lucas. Como el proceso de negociación entró en una serie de reuniones infructuosas, el presidente Pastrana decidió el 7 de agosto de 2001 dar por terminadas las conversaciones.
El principal error de Pastrana fue el haber concedido una “zona de distensión” de ese tamaño en un sitio tan estratégico, sin haber definido antes unas reglas de juego claras y precisas. Esta fue la consecuencia de haber hecho promesas desmedidas para ganar las elecciones, sin haber calculado los costos y riesgos a los que se exponía. Por su parte las FARC querían repetir la experiencia de la época de Belisario Betancur, en la cual el cese al fuego solo sirvió para que las FARC duplicaran sus frentes, dando un paso hacia el escalamiento de la guerra y no para lograr la paz como se quería.
Otro error fue el diseño de una agenda de negociación que abarcaba todos los temas divinos y humanos: un total de doce temas, 48 subtemas, confundía la agenda nacional con la agenda de negociación entre la guerrilla y el Estado. Las negociaciones se convirtieron en una serie interminable de discursos y discusiones, y después de tres años no se logró avanzar en la aprobación de ningún punto de esa agenda tan extensa. Las audiencias parecían más un muro de lamentaciones y una tribuna de denuncia pública, en lugar de ser un espacio organizado para la participación de la sociedad.
El proceso de negociación con las FARC resultó ser una gran paradoja, pues por un lado el prestigio del presidente se hundió en las encuestas de opinión debido a la ineptitud en el manejo de la zona de distensión, la ingenuidad e inexperiencia de los negociadores oficiales, y los excesos a los que llegaron las FARC. Como consecuencia la guerrilla no pudo salir de la zona de distensión hacia la toma de Bogotá, como preveía en su desbordante triunfalismo la cúpula guerrillera. La decisión del Gobierno de adelantar un amplio rediseño y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, condujo a que este grupo guerrillero saliera disminuído políticamente, y al cabo de poco tiempo saliera también disminuído en el plano militar.
Para la historia, el presidente Pastrana quedará también como el presidente que dejó al descubierto a la guerrilla, logrando su condena internacional como grupo terrorista, mientras preparaba a la fuerza pública para enfrentar en mejores condiciones militares a la guerrilla. Por primera vez después de tres años el presidente “se amarró bien los pantalones” y anunció fuertes controles en el acceso a la zona de distensión, lo cual le generó muchos roces y tensiones con las FARC. Entonces el 9 de enero de 2002 el Gobierno de Pastrana decidió dar por terminadas las negociaciones, y comenzó a preparar el control militar de la zona de distensión.
El proceso de negociación que nació con graves defectos congénitos, terminó en forma lánguida. Según informó el excanciller Guillermo Fernández de Soto, las FARC habían perpetrado 117 atentados durante los 30 días anteriores a la ruptura definitiva de la zona de distensión. O sea que las FARC sacrificaron su legitimidad política, no solo frente a la opinión pública nacional sino también frente a la comunidad internacional, ya que los 15 países miembros de la Unión Europea incluyeron a las FARC en su lista de grupos terroristas en junio de 2002.
3. Períodos presidenciales de Alvaro Uribe: 2002-2010
Con casi seis millones de electores y un 54.5% de los votos depositados, Alvaro Urbe doblegó con suficiencia al candidato liberal Horacio Serpa. Esta elección fue atípica, ya que fue la primera vez que un candidato disidente obtenía la Presidencia de la República derrotando al candidato oficial de uno de los dos partidos tradicionales. Podría decirse que el triunfo de Uribe fue un resultado del fracaso de las conversaciones de paz en la zona de distension, o sea que el país votó no tanto por Uribe, sino en contra de las FARC.
En septiembre de 2002 el presidente Bush dio a conocer la nueva política de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sustentada en la necesidad de desencadenar una lucha global y sin cuartel contra el terrorismo. En Colombia el presidente Uribe no tardó en acoger esta política, e hizo todo lo posible para demostrar que la violencia en nuestro país formaba parte de esa lucha global, para lo cual declaró que aquí no había un conflicto armado interno, sino una lucha contra organizaciones terroristas que desafiaban un régimen democrático. Si en el contexto global esta posición favorecía el discurso de Uribe, en el contexto latinoamericano fue siendo cada día más adversa, ya que su gobierno terminó sufriendo un grave aislamiento regional. Por esa razón el bombardeo al campamento de Raul Reyes en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008 fue un motivo para incrementar estas tensiones, e incluso condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, Venezuela y Nicaragua, y a un agrietamiento de las relaciones bilaterales con Brasil.
En el 2005 el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz, que pretendía crear un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales, tanto las AUC como los grupos guerrilleros; es de resaltar que la Corte enfatizó que quienes se acogieran a la ley deberían cumplir a cabalidad las condiciones que ésta establecía, como son: la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir. Como consecuencia de este marco jurídico se produjo la desmovilización colectiva de los bloques y frentes de las AUC, y cobijó a 31, 671 combatientes y miembros de las redes de apoyo logístico, quienes hicieron entrega de 18.051 armas.
Es de destacar que muchos funcionarios del Estado colombiano sacrificaron su vida, sufrieron atentados o amenazas, o debieron exiliarse a raiz de su enfrentamiento con los grupos paramilitares. Fue un proceso de diálogo franco y a veces fuerte, y las conversaciones se rompieron más de una vez. Al final el proceso de negociación entre el gobierno y las autodefensas terminó de una manera abrupta, ya que los principales jefes fueron a dar a la cárcel, y después algunos fueron extraditados al reincidir en el delito.
Uno de los efectos que tuvo la desmovilización y las confesiones de los miembros der las AUC fue el escándalo de la parapolítica, que consistió en las denuncias y condenas contra miembros de la clase política a diferentes niveles, que hicieron alianzas con esa organización criminal para obtener beneficios políticos o económicos. Algunos, mediante pactos con jefes paramilitares obtuvieron el aval y por lo tanto los votos de las regiones en que estos grupos paramilitares operaban; en otros casos algunos miembros de la clase política, gracias a la presión de las AUC, lograron desviar fondos públicos para sus campañas electorales; otros se beneficiaron al acumular bienes y tierras despojados a la población campesina; también se beneficiaron algunos empresarios y comerciantes que se apropiaron bienes de manera ilegal.
Según el exembajador de Estados Unidos, Myles Frechette, desde mediados de los años noventa ya los agregados militares de su país hablaban de la práctica del “body counting”, dado que la promoción de los oficiales dependía de esta medida, y se produjeron muchos excesos para lograr avances en la carrera militar. Años después se pudo comprobar que hubo un fraude gigantesco, ya que los resultados estaban inflados y encubrían a muchos civiles en esta mortal contabilidad.
La Ley de Justicia y Paz introdujo en Colombia el modelo de justicia transicional que había permitido el tránsito de la dictadura a la democracia en Chile, y el fin del aberrante sistema del Apartheid en Sudáfrica. Sus ejes fundamentales son tres: poner a la víctima y sus derechos como el núcleo central del nuevo sistema, y no al procesado; buscar un equilibrio entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz; y generar un impacto profundo en la sociedad mediante procesos de reconciliación y perdón.
En agosto de 2004 el ELN planteó en un comunicado los cinco obstáculos que estaban afectando la solución negociada al conflicto armado, entre los cuales uno era la falsa negociación del Gobierno con los paramilitares; según el ELN nunca existió una guerra entre ellos, sino cooperación. Luego de una reunión en La Habana en febrero de 2006, el presidente Uribe tomó la decisión de levantar las órdenes de captura contra Antonio García, Ramiro Vargas y Francisco Galán, y concederles el reconocimiento como interlocutores oficiales del ELN, por lo cual podían viajar libremente tanto en Colombia como en el exterior.
Por su parte las FARC pasaron de un auge militar a mediados de los años noventa, a una derrota estratégica pocos años más tarde. Una de las razones fue el resultado del fortalecimiento del Estado y la modernización de las Fuerzas Militares, gracias al Plan Colombia. Tal vez la mayor expresión del creciente aislamiento de las FARC en el plano político y social fue la marcha celebrada el 4 de febrero de 2008, denominada “un millón de voces contra las FARC”. Excepto en algunos sectores muy restringidos en el campo y en la ciudad, las FARC comenzaban el nuevo siglo en medio de la más impresionante manifestación de rechazo.
Uno de los puntos sobresalientes del gobierno de Uribe fue la “operación jaque” que se realizó el 2 de julio de 2008, mediante la cual se logró la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt después de siete años en cautiverio, de tres contratistas estadounidenses, y once policías y militares secuestrados, lo cual constituyó un golpe mortal para la imagen interna e internacional de las FARC, y además debilitó su capacidad de negociación.
4. Períodos presidenciales de Juan Manuel Santos: 2010-2018
En la elección presidencial de 2010 el candidato del “Partido de la U” (Partido Social de Unidad Nacional), Juan Manuel Santos, obtuvo 6’802.043 votos en la primera vuelta (o sea el 46.7%), no obstante hubo otros candidatos de peso, como Antanas Mockus del Partido Verde, quien obtuvo 3’134.222 votos; Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical, con 1’473.627 votos; Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo, con 1’331.267 votos; Nohemí Sanín del Partido Conservador, con 893.819 votos; y Rafael Pardo del Partido Liberal, con 638.302 votos. Al no poder obtener la mayoría más uno de los sufragios totales, fue necesaria una segunda vuelta. En tres semanas Juan Manuel Santos logró consolidar una amplia coalición política que le permitió ganar con el 70% de los votos en la segunda vuelta. La alta votación y la coalición que se conformó en torno a su nombre le posibilitaron a Santos iniciar su gobierno con el respaldo de amplias mayorías parlamentarias: 80% del Senado y 87% de la Cámara de Representantes.
Bajo esta premisa de fortaleza política, Santos decidió intentar una vez más la paz mediante un proceso de negociación con los grupos guerrilleros. No era una tarea fácil, debido al desprestigio de este tema en la opinión pública, luego de las negociaciones frustradas en el Caguán. En su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010 manifestó: “La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Sin embargo, a pesar de las sólidas mayorías políticas que tuvo Santos en los inicios de su primer mandato, lentamente el apoyo político se fue deshaciendo, en particular debido a la ruptura con el expresidente Uribe, argumentando que Santos había sido elegido con su apoyo y sus votos, pero éste se había alejado del programa acordado.
La normalización de las relaciones diplomáticas con las naciones vecinas redujo sustancialmente las muestras de simpatía hacia los grupos guerrilleros. En ese entonces hubo un cambio de dirección en el péndulo político a favor de los gobiernos de derecha en Argentina, Brasil, Paraguay y Honduras. A esto se añadió el fin de la “Guerra fría” con la reapertura de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Por lo tanto el sueño de las FARC, de lograr su reconocimiento como grupo beligerante, se fue evaporando con el paso del tiempo.
Juan Manuel Santos había sido ministro de Defensa de Uribe en la época más desastrosa militarmente para las FARC, ni más ni menos que en la época en la cual perdieron el aura de invencibilidad con la “operación jaque”. Además, en septiembre de 2010 había muerto tras un intenso bombardeo aéreo el jefe militar de la organización, el Mono Jojoy, y el 4 de noviembre de 2011 Cano murió en un cerco militar. El nuevo comandante de las FARC, Timochenko, accedió a mantener los canales de comunicación y avanzar en una fase exploratoria hacia la definición eventual de una mesa de negociaciones. El primer paso para abrir los canales de comunicación fue el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en el país (no de una simple “amenza terrorista” como afirmaba el gobierno anterior), y reconocerle un carácetr político a los grupos guerrilleros.
Los procesos de paz por lo general son jalonados por dos posturas extremas: quienes exigen que todo lo que se hable y acuerde sea de inmediato comunicado a la opinión pública; de otra parte quienes insisten en el valor de las negociaciones discretas. Lo sabio parece ser una combinación de información y prudencia: un exceso de comunicación puede dar al traste con las negociaciones, y un exceso de celo puede generar malestar, aprehensión y desconfianza en la opinión pública. La combinación de negociaciones reservadas y la redacción periódica de comunicados firmados por ambas partes constituyeron el mecanismo más acertado.
En la firma del “Acuerdo general” en La Habana el 26 de Agosto de 2012, uno de los logros más importante fue haber podido pasar de esa agenda nacional, desmesurada e innegociable, a una agenda acotada y realista. De esta manera el Gobierno y las FARC lograron el 24 de agosto de 2016, cerrar las negociaciones con la suscripción del “Acuerdo final” para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Debido a una decisión del presidente de la República, a pesar de tener las facultades constitucionales para su refrendación directa, se convocó a un plebiscito el 2 de octubre siguiente. La papeleta constaba de una sola pregunta: “Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”; y contra todos los pronósticos, el No se impuso con el 50.2%, o sea con una diferencia de un poco más de 50.000 votos.
Hubo numerosos factores coyunturales: una campaña sistemática de mentiras y generación de miedo (como el riesgo de un futuro gobierno “castro-chavista”); un texto largo y de difícil lectura y asimilación; la exigencia al elector de votar a favor de la totalidad del texto, así tuviese objeciones sobre algunos puntos específicos; la tendenciosa campaña sobre algunos aspectos del Acuerdo que supuestamente atentaban contra los valores familiares; la manipulación de las redes sociales; la conversión tendenciosa de un plebiscito por la paz en un plebiscito sobre el Gobierno, el cual fue utilizado para movilizar a sectores descontentos con las políticas del gobierno. Lo más preocupante del resultado fue la sensación de que el país se hallaba partido en dos y que el esfuerzo de paz se había desvanecido.
A pesar de la derrota, y de manera sorpresiva, el Gobierno tomó la decisión audaz de escuchar a los principales líderes del No y exigirles a las FARC que aceptaran llevar a cabo un ajuste al documento firmado. En sesiones de trabajo extenuantes el equipo gubernamental recogió más de 400 modificaciones al texto del Acuerdo y las discutió con las FARC en La Habana. Luego, de manera súbita el Gobierno anunció que ya se había llegado a un acuerdo final definitivo. Este acuerdo modificado fue refrendado por vía parlamentaria, gracias a las sólidas mayorías de la coalición del gobierno.
Dada la complejidad de este tipo de negociación, es necesario un período de tiempo suficiente para construir confianza y madurar los acuerdos finales; pero, por otra parte, la prolongación excesiva de las conversaciones puede terminar conspirando contra su éxito. Por ello es conveniente definir un calendario con las etapas y los objetivos esperados, los cuales deben ser de conocimiento público. Sin embargo, las FARC reiteraron que se oponían a lo que llamaban una “negociación express”, lo cual llevó a una negociación a dos velocidades: el Gobierno con el pie en el acelerador y las FARC con el pie en el freno. Sin duda, la negociación tan extensa fue uno de los rasgos más negativos.
Referencias
- Cambiar el Futuro, Eduardo Pizarro, Debate, 2017
- La batalla por la paz, Juan Manuel Santos, Editorial Planeta, 2019
