1978-1994
Introducción
Colombia ha sido prolija en el surgimiento de diferentes movimientos y grupos guerrilleros, y a la vez fue pionera en la salida negociada de conflictos armados en América Latina, pero también es el último país en sufrir la violencia política, no obstante hemos invertido cuantiosos recursos humanos y económicos durante más de 40 años buscando la paz. Es cierto que en el caso de las FARC se trata de uno de los procesos de paz más extensos, complejos y extenuantes del mundo, y a pesar de que el Acuerdo de Paz se firmó el 24 de noviembre de 2016, y fue refrendado por el Congreso de la República, el país y su gente aún vive con incertidumbre de si la paz se logró o no.
Analizando los inicios de los procesos de paz en Colombia, en 1981 se creó la primera Comisión de Paz bajo la administración del presidente Julio César Turbay, que fue encabezada por el expresidente Carlos Lleras. Belisario Betancur, quien reemplazó en la presidencia a Turbay Ayala en 1982, quiso mantener viva la llama de la paz y para ello revivió la Comisión de Paz del gobierno anterior, aunque lo que normalmente sucede es que cada nuevo presidente señala que su antecesor fracasó, y por tanto es necesario recomenzar de nuevo, lo cual explica en gran medida el atraso en nuestro país.
También es de tener en cuenta que el caso colombiano resultó no sólo prolongado sino también parcelado, ya que fue emprendido individualmente con cada grupo guerrillero, y en forma escalonada en el tiempo. Esto ha implicado diferencias en los procesos de paz que se han adelantado, y en los resultados que se han obtenido, aunque también hubo un efecto positivo al permitir el desescalamiento del conflicto armado; el efecto negativo es la mezcla de postconflictos parciales y la persistencia de la lucha armada con los grupos renuentes, lo cual ha extendido por décadas la guerra interna en el país.
Los invito entonces a que analicemos las principales gestiones por la paz, que los últimos ocho presidentes adelantaron en el curso de cuatro décadas:
1. Período presidencial de Julio César Turbay: 1978-1982
Aún cuando los procesos de paz propiamente dichos se iniciaron en Colombia durante el gobierno de Belisario Betancur, las primeras semillas se sembraron durante el gobierno de Julio César Turbay, cuando se incrementaron las actividades guerrilleras por parte de las FARC, el EPL y el ELN. Veamos suscintamente cuatro eventos sucedidos en la transición del gobierno de Alfonso López Michelsen al gobierno de Turbay Ayala que cambiaron radicalmente el curso de la historia colombiana:
a) Paro cívico del 14 de septiembre: En agosto de 1977, las cuatro confederaciones sindicales del país (CTC, UTC, CGT y CSTC) anunciaron la realización de una huelga general para protestar contra la situación económica y social del país. Tras el éxito alcanzado en el paro impulsaron la creación de un Consejo Nacional Sindical (CNS) para negociar conjuntamente con el gobierno los acuerdos alcanzados. La guerrilla interpretó estos paros locales, y finalmente el nacional, como la antesala de la revolución, ya que había evidencias de que estaban madurando tanto las condiciones objetivas como subjetivas necesarias para llevar a cabo una insurrección general.
b) Estatuto de Seguridad: Por su parte el Gobierno y las Fuerzas Militares interpretaron esta movilización sindical y social como el preludio de una insurrección generalizada. En este clima de temores e incertidumbres, el presidente de ese entonces, Alfonso López Michelsen, recibió una carta pública firmada por los 33 generales y almirantes activos que conformaban el alto mando militar, en la que proponían duras medidas para el manejo del orden público, pero como faltaban pocos meses para terminar su mandato, él se negó a aplicarlas. El sucesor de López, Turbay Ayala, sí tomó en consideración la desafiante carta, y tan solo un mes después de su posesión, expidió el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, más conocido como el Estatuto de Seguridad, bajo el amparo del estado de sitio. Mediante dicho Estatuto se limitaron las libertades de expresión y de movilización, y se aplicó el Código Penal Militar sobre los civiles.
c) Nacimiento y auge del M-19: En 1978, año en que Turbay asumió el poder, América Latina estaba bajo el control de gobiernos militares (en 13 de los 19 países). Con base en el Estatuto de Seguridad, y mediante la aplicación del artículo 28 de la Constitución Nacional vigente, miles y miles de personas fueron detenidas en forma arbitraria, y muchos de ellos fueron sometidos a torturas en instalaciones militares.
d) Emergencia de las mafias de la droga: El ingreso de Colombia al mercado mundial de la cocaína introdujo de lleno al país en la “guerrra contra las drogas”, al ser declaradas como el enemigo público número 1 de la nación.
Al comienzo de su mandato, Turbay se encontró con un entorno internacional adverso dada la presencia de Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos, la cual iba en total contravía con las modalidades de manejo del orden público adoptadas en Colombia; Carter por su parte puso como eje de su gobierno el respeto a los derechos humanos y el aislamiento de los regímenes dictatoriales. Sin embargo, a comienzos de 1981 comenzó a gobernar Ronald Reagan en Estados Unidos, quien impulsó una “revolución conservadora”. El presidente Turbay, quien había tenido una larga trayectoria en el campo diplomático, logró acomodarse a los dos mandatarios estadounidenses que tuvo durante su período, a pesar de que tenían políticas diametralmente opuestas. El cambio de orientación en las políticas de los Estados Unidos le cayó como anillo al dedo a Turbay, ya que le permitió buscar apoyo en Washington para enfrentar el agravamiento del orden público interno, y luego el incremento en el tráfico de drogas.
El 27 de febrero de 1980 un comando del M-19 bajo la conducción de Rosemberg Pabón se tomó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, tomando como rehenes a decenas de miembros del cuerpo diplomático, incluídos 16 embajadores entre los cuales estaban los de Estados Unidos, Uruguay, México, Israel y otras importantes naciones; por lo tanto fue un acontecimiento de impacto mundial. Turbay Ayala, a pesar de la dureza de su gobierno, era una persona flexible y con capacidad de negociación, y logró una solución negociada a la toma de la Embajada. Dos meses más tarde, el 25 de abril, secuestrados y secuestradores viajaron a Cuba, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno; por su parte el comandante del M-19, Jaime Bateman, había comunicado sus exigencias durante la toma de la Embajada, que consistían en el levantamiento del estado de sitio, el cese al fuego bilateral, una amnistía general y sin condiciones, y el inicio de un diálogo nacional. Estas propuestas impactaron a la opinión pública y se convirtieron en la agenda pública nacional.
El año siguiente, tras la brutal respuesta de las Fuerzas Armadas al robo de más de cinco mil armas en el Cantón Norte de Bogotá, el M-19 estaba prácticamente desmantelado, y muy pocos de sus líderes se encontraban aún libres. Esto llevó al Gobierno a pensar que era posible ofrecerle al M-19 una “salida digna”, que Turbay concibió como una capitulación, pensando que habían sido derrotados. Dentro de esta concepción, el gobierno de Turbay Ayala promovió la primera ley de amnistía en la historia reciente del país; fue la Ley 37 del 23 de marzo de 1981 en la cual el Congreso de la República aprobó una amnistía condicional para los alzados en armas autores de delitos politicos y conexos, exceptuando el secuestro, la extorsión y el homicidio fuera de combate. La Ley fue rechazada de manera enfática y con un total desdén por parte del M-19.
No obstante el M-19, a pesar de encontarse casi desmantelado, ganó la partida, pues tenía una imagen favorable ante la opinión pública, mientras que el gobierno de Turbay terminaba su mandato con una baja favorabilidad. Sorpresivamente, a escasos dos meses del final de su mandato, Turbay Ayala levantó el estado de sitio el 9 de junio de 1982, dejando sin vigencia el Estatuto de Seguridad.
2. Período presidencial de Belisario Betancur: 1982-1986
Belisario Betancur Cuartas fue elegido presidente gracias a la división que se presentó en el liberalismo, que era el Partido mayoritario al sumar los 2’797,786 votos obtenidos por el candidato oficial de ese partido, Alfonso López Michelsen, y los 746,024 votos obtenidos por Luis Carlos Galán Sarmiento en nombre del Nuevo Liberalismo; Betancur, con los 3’189,587 votos que alcanzó hubiese sido derrotado por un liberalismo unificado. Estos resultados fueron un primer indicio de debilidad, ya que el conservatismo se mantenía subdividido, por un lado estaban los ospino-pastranistas, y por otro lado los laureanistas liderados por Alvaro Gómez, grupos que actuaban como dos partidos distintos.
Belisario Betancur, situó la política de paz como el eje de su gobierno, y la apertura democrática como su complemento necesario. El nuevo mandatario manifestó en su discurso de posesión: “levanto una bandera blanca de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos…”
La decisión que había tomado su antecesor al final de su mandato de levantar el estado de sitio, fue muy importante para Belisario Betancur, pues le permitió adelantar su iniciativa de paz y una amplia reforma política, sin las restricciones del Estatuto de Seguridad. Para impulsar su propuesta de paz, el presidente Betancur conformó una Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional, compuesta inicialmente por cuarenta personalidades provenientes de los partidos politicos en todos sus matices, la empresa privada, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, para apoyar los esfuerzos gubernamentales tendientes a la incorporación de los actores armados a la vida civil y el desarollo de las zonas afectadas por la violencia.
Además, concedió una amplia y generosa amnistía mediante la Ley 35 de 1982. Esta fue una concesión gratuita sin que hubiese habido una contraprestación negociada previamente con los grupos guerrilleros beneficiados, principalmente el M-19 y las FARC. Belisario Betancur obtuvo mucho reconocimiento por ese acto generoso, recibiendo los aplausos de los sectores comprometidos con la paz. Sin embargo, quien resultó afectado por esta medida fue el M-19, a pesar de la liberación de 834 miembros de su organización gracias a la amnistía, pues sintió que Betancur les había arrebatado las banderas que habían levantado desde la toma de la Embajada de la República Dominicana, cuando estaba tomando la iniciativa política.
En la política exterior el nuevo mandatario buscó distanciarse de la política tradicional de alinearse con las políticas de Washington. Para ello su gobierno solicitó la incorporación de Colombia como miembro pleno del Movimiento de Países No-Alineados (MPNA). Además propició la activa participación del país en los procesos tendientes a lograr la paz en Centroamérica, promovió salidas multilaterales a los problemas de la deuda externa de América Latina, y cambió el clima de confrontación por uno de normalización en las relaciones con Nicaragua y Cuba.
Las fuerzas militares fueron uno de los principales obstáculos que tuvo que enfrentar para el éxito de los esfuerzos de paz de su gobierno. Una de las fuentes del malestar de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Betancur fue el informe del Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez, presentado el 4 de febrero de 1983 y en el cual se vinculaba a 59 miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo con la organización criminal MAS (Muerte a Secuestradores) que habían creado las mafias de la droga. El propio Belisario Betancur reconoció años más tarde que la ausencia de las Fuerzas Militares en el proceso de paz constituyó una grave deficiencia, pues los acuerdos se convirtieron en letra muerta, lo cual hizo fracasar en parte el proceso general de reconciliación.
Las FARC fue el primer grupo guerrillero que respondió de manera audaz a la convocatoria para unas negociaciones de paz, mostrándose dispuesta para adelantar conversaciones con el gobierno. Después de varias reuniones en la llamada Casa Verde en el municipio de Uribe (Meta), el 28 de mayo de 1984 se firmó el Acuerdo de La Uribe, el cual por diversas circunstancias no condujo a la paz con este grupo guerrillero. Tras la firma del acuerdo de tregua y el inicio de las negociaciones de paz, las FARC comenzaron a desarrollar dos procesos simultáneos que a la postre resultaron incompatibles: por una parte la creación de un movimiento político denominado Unión Patriótica (UP), y por otra un proceso de desdoblamiento de los frentes guerrilleros tendiente a copar todo el territorio nacional. En efecto, las FARC pasaron de 27 a 48 frentes durante el gobierno de Betancur.
Dicho movimiento politico logró en las elecciones de 1986 la mayor votación jamás alcanzada por la izquierda: más de 320,000 votos, cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 14 diputados y 351 concejales. Estos resultados llevaron al Consejo Nacional Electoral a reconocerle el estatus jurídico como partido legalmente constituído, con plenos derechos, garantías y protección.
No es posible dudar del compromiso personal del presidente Belisario Betancur con la paz; fue sin duda, la principal bandera de su gobierno. Sin embargo, al cabo de los cuatro años de su mandato, lo único que continuaba en pie era el cese del fuego bilateral con las FARC, hábilmente aprovechado por este grupo armado para fortalecerse en el plano militar y político. Es decir, era una tregua para la continuación de la guerra y no para construir la paz; o sea que el sueño de la paz no se había alcanzado. Podría decirse que el punto de quiebre de la administración Betancur fue el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, ya que a partir de entonces el deterioro de las negociaciones de paz fue continuo, hasta llegar a una ruptura total cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
3. Período presidencial de Virgilio Barco: 1986-1990
Virgilio Barco Vargas ganó las elecciones presidenciales de 1986 con 4’214.510 votos, logrando un amplio margen sobre su principal oponente, el líder conservador Alvaro Gómez, quien obtuvo 2’588.050 sufragios. Barco obtuvo el 58.3% de la votación total, mientras que su principal adversario alcanzó el 35.8%. La contundencia del triunfo de Barco en las urnas, le dió al nuevo mandatario recursos de poder sin los cuales, difícilmente, hubiera podido sortear uno de los períodos más convulsionados de nuestra historia en el que el respetado profesor y juez penal, Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica, fue asesinado, así como otros tres precandidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
Virgilio Barco logró llevar a cabo el primer proceso de paz exitoso, tanto en Colombia como en América Latina, con un grupo guerrillero posrevolución cubana: el M-19. De otra parte, el nuevo mandatario quiso terminar de manera definitiva con los gobiernos compartidos por los dos partidos, y dar inicio a lo que se denominó el esquema gobierno-oposición. Durante su gobierno adelantó un programa reformista que mostró muy bien su personalidad, ya que además de ser un tecnócrata reconocido, también era un político de tendencias avanzadas.
Barco consideraba que se debían adelantar ajustes profundos en la metodología utilizada por su antecesor en las negociaciones con los grupos guerrilleros, y al mismo tiempo consideraba que era indispensable aumentar la acción militar. Durante su campaña, Virgilio Barco como candidato criticó severamente la política de paz de Betancur y señaló que durante su mandato él mismo iba a asumir la dirección del proceso, en clara referencia al papel ambiguo que desempeñaron las comisiones de paz y de verificación, en las cuales faltó el liderazgo del presidente. La nueva orientación política mostró un distanciamiento creciente entre la perspectiva del Gobierno y la visión de las FARC; el Gobierno creía que la tregua bilateral indefinida, sin que hubiese una clara decisión de desmovilización de la guerrilla en el horizonte, sólo conducía a que ésta continuara ampliando sus frentes guerrilleros, y con ello su capacidad militar y su presencia territorial.
Para el gobierno de Barco, las FARC nunca fueron el interlocutor priviliegiado como lo fueron en el gobierno anterior; su administración buscó restarle protagonismo a la guerrilla al disminuir la importancia del diálogo y la negociación directa. La respuesta de las FARC fue la de intentar apropiarse de los proyectos del PNR, argumentando que este gasto social no era una dádiva de las autoridades sino un producto de sus exigencias.
Curiosamente el primer tratado de extradición bilateral que existió entre los Estados Unidos y Colombia fue firmado en 1979 por el entonces embajador en Washington Virgilio Barco, durante el gobierno de Turbay Ayala, y aunque fue ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 27 de 1980, éste solamente se empezó a aplicar tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, en mayo de 1985. Sin embargo, cuando Barco quiso aplicarla en diciembre de 1986, ésta fue declarada inexequible por la Corte Suprema, aduciendo vicios de forma.
Ante una respuesta vacilante del Gobierno a su oferta de paz, el M-19 tomó la decisión de secuestrar al dirigente conservador Alvaro Gómez el 29 de mayo de 1988, con el objeto de forzar una negociación. El secuestro desató una gran movilización nacional a favor de la liberación del líder conservador. Como consecuencia, se firmó un acuerdo de tregua entre el Comisionado de Paz, Rafael Pardo, y el Comandante del M-19, Carlos Pizarro, el 10 de enero de 1989 en las montañas del Cauca. Este secuestro condenable provocó una reunión en la Nunciatura Apostólica de Panamá el 14 de julio de 1988, la cual condujo a la liberación de Gómez y a la creación de una Comisión de Convivencia Democrática
El Gobierno, desbordado por la violencia y en medio de una escalada de las acciones guerrilleras aceptó estudiar las recomendaciones emanadas de la Cumbre por la Paz y de la Comisión de Convivencia Democrática. La más importante lección que había dejado el gobierno de Betancur era la necesidad de una solución negociada con la propia guerrilla; así el 10 de enero de 1989 se anunció públicamente el inicio de las negociaciones de paz con el M-19.
Unos meses más tarde fue asesinado Luis Carlos Galán; una semana después un amplio sector proveniente de las universidades públicas y privadas organizó una marcha por las calles de Bogotá hasta la tumba de Galán en el Cementerio Central. La movilización se constituyó en el germen de un amplio movimiento estudiantil denominado “Todavía podemos salvar a Colombia”, que luego se transformó en “Movimiento por la séptima papeleta”, fundamental para que se aprobara la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1991.
El 9 de marzo de 1990 los líderes del M-19, Carlos Pizarro y Antonio Navarro, se encontraron en la Casa de Nariño con el presidente Virgilio Barco, en presencia del gabinete, los voceros de los partidos y de la Iglesia, para firmar un nuevo acuerdo politico, en el cual el gobierno se comprometía a promover un plebiscito, impulsar una circunscripción electoral especial para la paz, apoyar la reincorporación de los exguerrilleros a través del Fondo para la Paz, e incentivar a los partidos de gobierno para que acataran los términos del acuerdo.
El M-19 se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 y creó un nuevo movimiento político denominado Acción Democrática M-19; como reconocimiento a su incorporación a la vida democrática recibió una masiva votación en las elecciones de ese año. Lamentablemente, al mes siguiente Carlos Pizarro fue asesinado por grupos paramilitares, en asocio con agentes del Estado.
4. Período presidencial de César Gaviria: 1990-1994
César Gaviria, quien recibió las banderas del Nuevo Liberalismo al morir asesinado Luis Carlos Galán, fue elegido presidente en 1990, y le correspondió continuar los esfuerzos hacia la paz y la modernización política que había iniciado Virgilio Barco. Gaviria, quien había sido Ministro de Gobierno en el período anterior, heredó un proceso en el que él había participado, en el cual se logró la desmovilización e incepción a la lucha política del M-19.
Su primera decisión fue mantener el equipo y el modelo de negociación que estaba dando resultados. Fue así como en enero de 1991 se logró entrar en la fase final de la negociación entre el EPL y el gobierno nacional, luego de la firma de un preacuerdo de paz, y el 1 de marzo del año siguiente todos los combatientes del EPL entregaron sus armas ante la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido convocada y conformada gracias a la séptima papeleta introducida en las elecciones de 1990.
El PRT (Movimiento Revolucionario de los Trabajadores), había nacido en 1982 impulsado por la Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta (TMLM) y tenía una postura radical, pero con ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente cambió a una posición reformista, y fue el segundo grupo guerrillero después del M-19 que hizo tránsito a la política. Cuando el M-19 terminó su proceso, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) hizo que se agruparan el EPL, el Quintín Lame y el PRT; estos tres grupos guerrilleros se reunieron con Rafael Pardo Rueda, Consejero de Seguridad Nacional, e iniciaron un proceso de paz. El Acuerdo Final fue firmado el 25 de enero de 1991, en presencia del Consejero de Paz Jesús Antonio Bejarano y de Antonio Navarro Wolf, máximo dirigente de la AD M-19 en calidad de testigo.
Al final de dicho proceso el PRT pudo participar en la ANAC con un delegado en cabeza de su máximo dirigente, José Matías Ortiz, quien fue su único dirigente durante los nueve años de existencia de ese movimiento. Las orientaciones del Partido Comunista dadas al EPL en el orden militar fueron de que el movimiento guerrillero debía desarrollar iniciativas de diálogo y cese al fuego, sin renunciar a mantener un plan militar.
El EPL (Ejército Popular de Liberación) era el brazo armado del Partido Comunista, y hacia 1989 el Comité Central del Partido consideró que el EPL debía desarrollar iniciativas de diálogo y cese al fuego, sin renunciar a mantener un plan militar, es decir que utilizara las negociaciones de paz como recurso táctico. Al finalizar las negociaciones con el gobierno en enero de 1991, el EPL convocó a una conferencia de combatientes en el departamento de Córdoba para ultimar detalles acerca del desarme y del acuerdo final; al terminar la reunión se eligieron los dos delegados que se les permitió dentro de la ANAC. Por su parte el Gobierno aprobó la creación de la Fundación Progresar para impulsar los programas de reinserción y capacitación de los excombatientes. El Acuerdo Final se firmó en Bogotá el 15 de febrero de 1991.
En cuanto al MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame), las actividades que los condujo a la firma del acuerdo de paz en 1991 comenzaron en julio de 1988 con una propuesta de paz que incluía la desmilitarización de las zonas indígenas y campesinas en el Cauca, pero la negociación propiamente dicha tan solo pudo arrancar a mediados de 1990, llegándose a un acuerdo final en mayo de 1991, el cual se firmó en el municipio de Caldono (Cauca). Las bases de dicho Acuerdo, fueron básicamente las mismas que se tuvieron con el PRT y el EPL, pero contenía además los temas referentes a las comunidades indígenas y sus derechos. La dejación de armas se realizó en dicho municipio, el 31 de mayo de 1991.
El MAQL participó con un delegado en la Asamblea Constituyente: Alfonso Peña Chepe, hermano del último comandante de la organización indígena; su participación, junto con la de los dos constituyentes indígenas elegidos por votación popular, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, fueron claves para los importantes logros que se obtuvieron en beneficio de las comunidades indígenas en la ANAC. Tras la desmovilización del Quintín Lame, surgió la Alianza Social Indígena como fuerza política que aún se mantiene en el escenario nacional, donde participa en el debate político de los grandes temas del país.
Entre septiembre y noviembre de 1990 se organizaron Mesas Preparatorias para la Constituyente, para escuchar porpuestas provenientes de todo el país, alcanzándose un total aproximado de 150.000 propuestas ciudadanas. Se inscribieron un total de 116 listas de candidatos y 788 aspirantes, para un total de 70 escaños; dada su composición en la que participaron todos los grupos y movimientos políticos, a la nueva Constitución se le consideró un auténtico “pacto de paz”. Pero las esperanzas que despertó la nueva Constitución, así como los tres acuerdos de paz que se lograron, no duraron mucho pues las FARC y el ELN, movimientos que estuvieron ausentes en la ANAC, incrementaron sus acciones militares, ante lo cual los grupos paramilitares empezaron a aparecer en todo el territorio nacional.
Referencias
- Cambiar el Futuro, Eduardo Pizarro, Debate, 2017
- Wikipedia, especialmente en las ilustraciones
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