Gobiernos y Políticas en Colombia - Tercera Parte

1946 – 2002

 

En el post anterior del blog Suesca Linda, titulado Gobiernos y Políticas en Colombia – Segunda Parte, publicado el 11 de Julio de 2020, cubrimos los episodios principales de nuestra historia republicana, desde 1880 hasta 1946. En este post pretendemos cubrir los siguientes 56 años de vida republicana, basándonos principalmente en la obra del historiador Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, con el apoyo de Wikipedia en Español, especialmente en lo referente a las ilustraciones gráficas de algunos de los personajes mencionados.

 

 

Al final del gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) los partidarios de reanimar “la revolución en marcha” promovieron la candidatura de Alfonso López, con el apoyo de los sindicatos y dirigentes izquierdistas. López ganó en los departamentos siempre liberales, y también en algunos departamentos más conservadores, ganando así la presidencia; en su gobierno siguió apoyando a los países aliados en la II Guerra Mundial, aunque la situación de conflicto hizo difícil promover proyectos reformistas, de modo que fue un gobierno moderado que perdió contacto con las masas urbanas. 

 

La política se animó por las duras acusaciones del periódico El Siglo y su director Laureano Gómez, al hijo del presidente, promovidas por el conservatismo. López pidió varias licencias durante su mandato para acompañar a su esposa en sus problemas de salud, y fue reemplazado por Darío Echandía. Al regresar al poder en julio de 1944 hubo un fallido golpe militar, y después de impulsar una reforma constitucional que se concentró en asuntos administrativos, renunció a la presidencia en julio de 1945, siendo reemplazado por Alberto Lleras Camargo. 

 

 

En los años siguientes se fortalecieron los sindicatos en empresas privadas, pero se orientaron hacia una nueva central: la Unión de Trabajadores de Colombia-UTC, creada con el apoyo de la Iglesia y del partido conservador. En julio de 1945 la convención liberal escogió a Gabriel Turbay como candidato, nieto de inmigrantes libaneses. Jorge Eliécer Gaitán y sus seguidores no asistieron a la convención y lanzaron en septiembre su candidatura disidente. Aunque en años recientes había sido un fiel militante del partido y participó como ministro en el gobierno de Santos, la memoria de su radicalismo de 1929 a 1935 le permitió revivir un pasado de luchador popular. Orador elocuente, convirtió la plaza pública en escenario central de la política, con manifestaciones entusiastas en las cuales hablaba al “pueblo” y lo contraponía a la oligarquía, compuesta por los dirigentes liberales y conservadores. 

 

Los conservadores anunciaron que no participarían en las elecciones, lo que estimuló a los dos candidatos liberales a ir hasta el final, pero mes y medio antes de las elecciones los conservadores lanzaron la candidatura de Mariano Ospina, con el apoyo de Laureano Gómez. Ospina fue presentado como un empresario antioqueño que había mostrado su habilidad como dirigente cafetero, industrial y urbanizador, y a la vez como un hombre prudente, tolerante y católico, ejemplo de las virtudes nacionales, y a la vez cercano a los campesinos y a los obreros. Fue así como Ospina ganó las elecciones con el 45% de los votos, seguido por Turbay, mientras Gaitán logró apenas el 25%. 

 

La Violencia y Dictadura en Colombia: 1946-1957

 

El nuevo presidente Ospina Pérez anunció en 1946 un gobierno de Unión Nacional con gabinete paritario. La respuesta del liberalismo no fue entusiasta; Alfonso López y Gabriel Turbay se retiraron de la política, mientras Alberto Lleras volvió a su trabajo de periodista y fundó la revista de noticias Semana. En las elecciones legislativas de marzo de 1947 el partido liberal mantuvo su mayoría, y el gaitanismo se impuso al santismo, quedando Gaitán como jefe del liberalismo.

 

A finales de 1947 se presentaron choques armados entre grupos políticos, en los que murieron algunos liberales; era evidente que los jefes conservadores locales promovían el ataque a los liberales, para amedrentarlos y así afirmar su dominio. Gaitán denunció la persecución a sus copartidarios, y en febrero de 1948 hizo una “marcha del silencio” con más de 40,000 liberales en la Plaza de Bolívar. En abril del mismo año se reunía en Bogotá la Conferencia de la Unión Panamericana, a la cual el gobierno pensaba incluir a Gaitán en la delegación oficial, pero a última hora lo excluyó, cediendo a las presiones de Laureano Gómez que seguía pensando en la derrota total del liberalismo.

 

Entonces cuando el 9 de abril Gaitán fue asesinado, al salir de su oficina en el centro de Bogotá, la reacción inmediata fue creer que lo habían matado sus enemigos políticos. Grupos liberales se lanzaron a las calles a protestar, quebrando las vitrinas de los almacenes e incendiando los edificios de los enemigos de Gaitán. Los jefes liberales trataron de convertir la furia popular desordenada, en presión para lograr la caída del presidente Ospina Pérez. Algunos dirigentes de izquierda trataron de que el pueblo buscara la toma del poder y la revolución, aunque, sin preparación previa, se limitaron a pedir por radio que pararan los saqueos y que se organizaran para enfrentar al gobierno. Otros jefes liberales usaron la radio para pedir a las masas venganza inmediata, lo que influyó para que en varias ciudades y pueblos los enfurecidos liberales atacaran a los que veían como enemigos.

 

En la mañana del 10 de abril, cuando el gobierno ya había reprimido la revuelta que dejó unos 2000 muertos en Bogotá y unos 500 en el resto del país, se acordó un gobierno de coalición nacional, con un ministro de Gobierno liberal para garantizar un régimen imparcial en las siguientes elecciones y evitar más violencia. A pesar del gabinete paritario, en los meses siguientes los incidentes continuaron y la desconfianza creció. En algunos sitios los liberales empezaron a proponer la formación de guerrillas y a fines de 1949 comenzaron a actuar grupos armados en los Llanos, Antioquia y Tolima. 

 

El problema central era el de las elecciones. Mientras duró la coalición se hicieron esfuerzos para mantener autoridades electorales más o menos imparciales, pero desde 1947 Laureano Gómez había denunciado que los liberales tenían 1’800.000 cédulas falsas, que les permitirían votar varias veces y ganar la elección presidencial de 1950. Entonces se anticiparon las elecciones para noviembre de 1949 en vez de mayo de 1950 para no dejar tiempo para una anulación masiva de esas cédulas falsas. La segunda decisión liberal fue tratar de destituir al presidente, acusándolo de violar la Constitución; cuando el Congreso le informó el 9 de noviembre que lo juzgaría, el presidente mandó los soldados al Capitolio y cerró el Congreso. A partir de entonces Ospina gobernó mediante decretos de emergencia o de estado de sitio. 

 

El 27 de noviembre de 1949 en unas elecciones sin participación liberal, el conservatismo entusiasta y triunfante, eligió presidente de Colombia a Laureano Gómez, quien se sentía atraído por el falangismo del General Francisco Franco en España.  Promovió entonces una reforma constitucional con ciertos elementos que favorecían a las corporaciones, hacían las elecciones menos frecuentes y más confiables, y le otorgaban mayor autoridad al presidente.

 

Mientras tanto los factores que estimulaban la violencia seguían creciendo, y la desconfianza entre liberales y conservadores era cada día mayor. Las guerrillas en los Llanos Orientales, dirigidas por Guadalupe Salcedo, seguían aumentando, alcanzando unos 3000 hombres armados que combinaban sus trabajos rurales con ocasionales acciones militares. Estas guerrillas no parecían debilitarse, sino crecer, en respuesta a la acción militar del gobierno. Frente a los actos armados los conservadores sentían que tenían derecho a responder en forma similar. Así, en septiembre de 1952, depués del entierro de unos soldados muertos por la guerrilla, grupos conservadores quemaron las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, así como los edificios de El Tiempo y El Espectador. El VII Congreso del Partido Comunista respaldó en 1952 a los grupos armados comunistas que se habían formado desde 1950, dándoles el nombre de “autodefensas campesinas”. 

 

Al enfermarse Laureano Gómez en 1951, lo reemplazó Roberto Urdaneta Arbeláez, pero esto no le impidió promover una cruzada total contra el liberalismo, pues según él “venía corrompiendo a Colombia con sus ideas desde 1821”. Esta radicalización de Gómez le fue quitando el respaldo mayoritario del conservatismo, y los grupos autodenominados alzatistas y ospinistas comenzaron a buscar en los militares apoyo contra el temido regreso de Gómez a la presidencia, encontrando un aliado en el comandante del ejército, general Gustavo Rojas Pinilla. Gómez, temeroso de esta alianza, ordenó destituirlo, pero Urdaneta se negó a hacerlo y el 13 de junio del mismo año Gómez reasumió el poder. Entonces el general Rojas, con el apoyo de los alzatistas y otros líderes conservadores, reaccionó a su destitución movilizando las tropas para rodear la casa de Gómez y tomar el poder. 

 

 

Por la noche Rojas anunció por radio su posesión, y en su discurso proclamó: “No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político… Paz, derecho, libertad, justicia para todos… y de manera especial para los obreros y menesterosos. La patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre o desnudos”. Su discurso fue recibido con entusiasmo, y acto seguido decretó una amnistía general que incluía a las guerrillas liberales y a los grupos civiles armados, y anunció que haría un gobierno nacional, pero pronto mostró que quería seguir un perfil conservador, ya que creía en la necesidad de erradicar el peligro comunista, encarnado en parte en el liberalismo y en la democracia. 

 

Para dar base legal a su gobierno, Rojas se apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el gobierno de Gómez y Urdaneta. Esta se reunió en los días siguientes, y decidió que la presidencia había quedado vacante el 13 de junio y que el general tenía título legítimo para completar el período constitucional, hasta agosto de 1954. Pero luego esta  Asamblea volvió a reunirse en agosto de1954, para prorrogar por cuatro años el mandato de Rojas, hasta agosto de 1958, y aprobar dos propuestas en las que insistió el presidente: dar el voto a las mujeres y declarar ilegal al Partido Comunista. Así el gobierno reafirmó su anticomunismo, reanudando los ataques a los sitios donde había guerrillas comunistas. 

 

Varios hechos mostraron el autoritarismo del gobierno, debilitando el amplio apoyo que tuvo en sus comienzos. La censura a la prensa se aplicó con firmeza y en septiembre de 1953 cerró el periódico El Siglo de Laureano Gómez, y luego se hizo más intensa en noviembre de 1954 cuando se prohibió a la radio toda información y discusión sobre política. Por otra parte  Rojas ordenó encarcelar a quienes publicaran noticias que atribuyeran ilegalidades a los militares en mayo de 1955; luego en julio cerró El Tiempo, y en diciembre le aplicó una multa a El Espectador, ante lo cual el periódico dejó de aparecer. 

 

En 1956 el gobierno siguió perdiendo apoyo entre los grupos políticos y empresariales, y enfrentó críticas más fuertes de los medios de comunicación, a pesar de la censura. Los conservadores estaban divididos entre rojistas, laureanistas y ospinistas. Entonces en junio de 1956 Rojas creó la Tercera Fuerza que buscaba formar un nuevo partido político y una nueva central obrera. Esto provocó el rechazo de la Iglesia, que hasta entonces lo había respaldado, sobre todo por su anticomunismo; entonces el rechazo a Rojas unió a los viejos enemigos: Laureano Gómez, quien estaba exiliado en España, y Alberto Lleras, con quien firmaron una declaración conjunta (Pacto de Benidorm) en la que decían que ante el abismo social, la corrupción y la destrucción de la democracia, había que reconstruir la república y devolver el poder a sus fuentes populares con un gobierno de coalición. 

 

El 6 de mayo de 1957, empresarios, sindicatos obreros y dirigentes de los partidos comenzaron un “paro cívico” nacional, y el 8 de mayo la Asamblea Nacional Constituyente, en reuniones casi clandestinas, reeligió a Rojas por cuatro años más. Como los demás periódicos no circulaban, el periódico de la Iglesia El Catolicismo apareció para declarar ilegítima la reelección; entonces los jefes militares presionaron a Rojas para que renunciara, y éste salió del país el 10 de mayo, dejando en el gobierno a una Junta Militar de cinco generales en su reemplazo, mientras se convocaba a la nación a nuevas elecciones. 

 

El Frente Nacional: 1958-1974

Derrocado el dictador Gustavo Rojas, los jefes de los dos partidos tradicionales, Alberto Lleras representando al Partido Liberal y Laureano Gómez representando al Partido Conservador, firmaron un acuerdo en Sitges (España), en agosto de 1957, según el cual habría 12 años de alternancia en el poder entre los dos partidos, manteniendo paridad en los cargos públicos. Para refrendarlo, se efectuó un plebiscito convocado por la Junta Militar, en diciembre del mismo año en el que el 96.4% de los ciudadanos lo aprobaron; este acuerdo es lo que se conoce como el Frente Nacional. El plebiscito a la vez confirmó el derecho de la mujer al voto, legalizó el Partido Comunista, y delegó en el Congreso la reforma de la Constitución.  Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en mayo de 1958, resultando elegido con el 80% de los votos el candidato liberal Alberto Lleras Camargo, para el período 1958-1962.

 

El Congreso reformó la Constitución estableciendo que los gobiernos serían alternativamente de ambos partidos, y extendió cuatro años al Frente Nacional de 1958 a 1974 manteniendo así la igualdad entre los dos partidos. El congreso aprobó también que la educación tuviera al menos el 10% del presupuesto nacional, asegurando así su rápido crecimiento, y el gobierno de Lleras aumentó sustancialmente la inversión en vivienda popular a través del Instituto de Crédito Territorial, dado que la migración hacia las ciudades se había intensificado ante la violencia y la pobreza rurales, aumentando los barrios de invasión. El presidente Lleras anunció además que se haría una reforma agraria, para reducir la desigualdad en la propiedad rural, a la cual muchos le atribuían la violencia. 

 

La necesidad de obtener el voto de los congresistas de ambos partidos afines a los propietarios rurales que tenían una alta representación en el Congreso, hizo que la Ley de Reforma Agraria de 1961 fuera muy tímida: las tierras que se expropiaran debían pagarse a precio de mercado y el trámite era de complejidad imposible. Aprobada dicha ley a fines del gobierno de Lleras Camargo, su ejecución quedó a cargo del siguiente presidente, el conservador Guillermo León Valencia, un aristócrata provinciano sin programa social que gobernó entre 1962 y 1966. 

 

Sin apoyo del gobierno y con una ley sin fuerza, el Instituto de la Reforma Agraria (INCORA) se concentró en promover la colonización de baldíos y en recobrar las propiedades que no hubieran sido explotadas durante diez años. Esta política premiaba a los colonos por desmontar el terreno inculto, es decir destruyendo la selva, y cuando el lote estaba abierto, alguien les cobraba la mejora y la titulaba, mientras los colonos seguían tumbando más árboles creando grandes propiedades, y los beneficiarios de la distribución de estas tierras vendían sus lotes y derechos ante las dificultades para cubrir sus obligaciones con el INCORA. 

 

Al final del gobierno de Valencia (1966), pese a la agitación radical y social, y las huelgas y protestas frecuentes, el pueblo dió su respaldo a los políticos moderados, tanto del ala blanda del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) encabezada por Alfonso López Michelsen, como al candidato oficial del Partido Liberal Carlos Lleras Restrepo, buen representante de los ideales reformistas y gradualistas liberales. Lleras gobernó con firmeza a pesar de las restricciones del modelo constitucional, y trató de adelantar una reforma constitucional; él estaba convencido de que el cambio en el agro debía basarse en reemplazar los grandes propietarios ausentistas e ineficientes que vivían de las rentas de la tierra y no tenían incentivos para mejorar su productividad, por propietarios medios y pequeños capaces de emprender una agricultura moderna. 

 

 

Como no había diferencias reales entre los programas de los partidos, pues ambos en el poder tenían que transar con el otro, los electores dejaron de recibir un mensaje que los motivara a votar por alguno de ellos. Así la abstención aumentó aceleradamente, y muchos candidatos para llegar al congreso tuvieron que apoyarse en la entrega de favores a sus clientelas. Como consecuencia en los gobiernos posteriores, el apoyo necesario para ser elegidos en el Congreso, se pagaba con puestos públicos o preferencias en los contratos; estos puestos y contratos permitían financiar las maquinarias electorales. 

 

Para 1968 la situación económica se había complicado, por la caída de los precios del café que redujo los ingresos externos, cuando la industria nacional necesitaba maquinaria y materias primas que requerían recursos externos. Esto produjo una devaluación continua del peso que indujo una fuerte alza de los precios internos, lo cual se convirtió en la principal preocupación de los electores. Sobre esta base se montó el retorno del general Rojas Pinilla a la política: les recordaba a los electores lo que valían las cosas en su gobierno y acusaba al Frente Nacional del alza en los precios; así el Frente Nacional quedó identificado con las oligarquías, y el rojismo con el pueblo. El único avance que podían mostrar los defensores del Frente Nacional, aparte de los programas de vivienda urbana, fue la ampliación del sistema educativo que daría resultados mucho más adelante al reducir la desigualdad social, y ayudar a buena parte de la población a conseguir mejores empleos.

 

En estas condiciones, las elecciones del 19 de abril de 1970 fueron críticas. Aunque los partidarios del Frente Nacional obtuvieron el 60% de los votos, Rojas logró el 40%, casi lo mismo que el candidato conservador del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero que ganó por 70,000 votos. El día de las elecciones, los recuentos que comenzaron por las grandes ciudades, donde el descontento por la inflación era mayor, daban una ventaja notable a Rojas. El gobierno, inquieto, suspendió la divulgación de resultados y cuando al día siguiente se anunció que había ganado Pastrana, la duda fue general: muchos creyeron que durante la noche se había hecho trampa en la contabilización de los votos. A raiz de este hecho se formó el Movimiento Revolucionario 19 de Abril (M-19); su ideología era el nacionalismo y el socialismo democrático. 

 

El presidente Misael Patrana desde el comienzo de su mandato enfrentó una agitación estudiantil y campesina de lenguaje revolucionario y una guerrilla más visible. Su principal acto de gobierno fue frenar del todo la reforma agraria y orientar su programa económico y social al desarrollo urbano, creando un instituto de crédito basado en las UPAC, que hacía atractivo el ahorro para vivienda, lo que permitió financiar durante 25 años el crecimiento rápido de las ciudades. Con el gobierno de Pastrana terminó el Frente Nacional; su objetivo principal parecía haberse cumplido, pues la violencia entre liberales y conservadores había desaparecido casi por completo. Sin embargo, aumentó la violencia derivada de la actividad guerrillera que justificaban su acción por la desigualdad social y las limitaciones democráticas del Frente Nacional. 

Gobiernos partidistas: 1974-2002

Terminada la alternancia partidista del Frente Nacional, la elección de 1974 enfrentó a un candidato liberal y a uno conservador; el interés de los votantes había decaído, debido al aumento de la población urbana mejor educada, y a una década de promesas reformistas incumplidas. Alvaro Gómez, el candidato conservador, obtuvo 31% de los votos, y Alfonso López Michelsen obtuvo el 55%; así el electorado urbano creyó más en el antiguo jefe del Movimiento Revolucionario Liberal, que en la hija del General Gustavo Rojas Pinilla, que obtuvo menos del 10% de los votos, lo cual produjo el desmonte de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). López ya había abandonado todo ánimo reformista y se había alineado con las propuestas de abrir la economía al mundo y liberalizarla; lo esencial era aumentar las exportaciones promoviendo la agricultura, la minería y la extracción de petróleo para sacar al país de la dependencia del café.

 

La inclinación civilista del presidente lo llevó a frenar un tanto al ejército, al que la ley le daba muchas ventajas; y en la pugna entre tecnócratas y clientelistas, prefirió apoyar a estos últimos representados en Julio César Turbay Ayala, diestro en el manejo de la maquinaria política, quien cuatro años después fue elegido presidente. Durante el cuatrienio de Turbay Ayala (1978-1982) El sistema financiero se llenó de operaciones que favorecían en forma indebida a los banqueros, mientras las inversiones públicas dieron auge a contratos que favorecían a grupos o personas específicas. Por otra parte aumentó la guerra a los cultivos y el tráfico de marihuana, y el gobierno firmó un tratado de extradición con Estados Unidos en 1979. 

 

 

El M-19 de hizo muy visible, con secuestros y asesinatos aparatosos como el de José Raquel Mercado, principal dirigente de la CTC, la confederación de trabajadores asociada con el gobierno. La aprobación del Estatuto de Seguridad y los abusos oficiales llevaron a que grupos civilistas de ambos partidos empezaran a unirse en movimientos de defensa de los derechos humanos. 

 

En 1980 el M-19 secuestró a un grupo de diplomáticos en la embajada dominicana; el talante de Turbay lo llevó a negociar la liberación de los rehenes sin que hubiera víctimas, con el pago de un rescate millonario a los guerrilleros que salieron para Cuba con protección del gobierno. El ejemplo de esta negociación y el desgaste por la violación de los derechos humanos fueron quitando apoyo social y político al enfrentamiento armado con la guerrilla. De todos modos la semilla de la negociación estaba sembrada, y en las elecciones de 1982 los candidatos se presentaron ofreciendo su dedicación por la paz. El candidato conservador Belisario Betancur, amigo de los sindicatos y de la izquierda, resultó elegido por la percepción de que cambiaría el esquema represivo del gobierno de Turbay.

 

Belisario Betancur inauguró su gobierno rompiendo con las políticas anteriores; su política internacional lo acercó a los países no-alineados y se convirtió en aliado decidido de los procesos de paz en Centroamérica, como miembro del Grupo de Contadora, enfrentado a la política estadounidense que buscaba desestabilizar el gobierno izquierdista de Nicaragua. Durante su gobierno se negó a extraditar colombianos a Estados Unidos, lo que debilitó su capacidad para enfrentar el auge del narcotráfico. También promovió un proyecto de vivienda sin cuota inicial que favoreció a los más pobres, y apoyó la elección popular de alcaldes que se aprobó al final de su mandato en 1986. 

 

En 1983 un juez acusó a Pablo Escobar por un asesinato de años anteriores y el Congreso le quitó su inmunidad parlamentaria. Al año siguiente el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, seguidor de Luis Carlos Galán, logró la captura y destrucción de inmensos laboratorios de procesamiento de coca en los Llanos Orientales; Escobar respondió con el asesinato del ministro Lara Bonilla. El gobierno reaccionó con firmeza, ordenando la primera extradición en mayo de 1984. Por otra parte el presidente comenzó una negociación con la guerrilla, y después de levantar el estado de sitio logró la aprobación de una ley de amnistía que permitió a unos 1500 guerrilleros salir de las cárceles sin que los beneficiarios tuvieran que entregar las armas ni renunciar a la amnistía. 

 

A pesar de su fracaso en el corto plazo, el esfuerzo de negociación de Betancur legitimó en el largo plazo una vía de solución política del conflicto armado que podía ser la única realista y a la que se apegaron casi todos los gobiernos siguientes. El principal factor del crecimiento guerrillero en esta época fue el uso cada vez más frecuente de formas de financiación criminal: el secuestro, la extorsión y las amenazas; el M-19 le dió más visibilidad al aplicarlo en las grandes ciudades, contra empresarios y dirigentes politicos; el ELN se financió extorsionando a compañías petroleras, amenazándolas con bombas en sus oleoductos; las FARC cobraban por proteger los cultivos ilegales y participaban en otras etapas de la producción de coca, con lo cual obtenían grandes recursos para financiar sus operaciones. 

 

Betancur fue sucedido por el liberal Virgilio Barco, quien respetaba a la oposición pero sin convertirla en cogobernante. Quería impulsar algunas reformas a la Constitución y fortalecer al ejército para enfrentar a la guerrilla y realizar una negociación de paz, con una guerrilla ojalá debilitada por la acción militar. Por otra parte, el gobierno de Barco tituló a las comunidades indígenas gran parte del territorio nacional (más de 20 millones de hectáreas) en la Amazonía y la Orinoquía, con la intención de detener el proceso de colonización que amenzaba con destruir las selvas tropicales en dichas zonas. 

 

Barco recibió desde el comienzo de su gobierno duros golpes de los narotraficantes, como el asesinato del director de El Espectador y de miembros de la Corte Suprema, a lo cual Barco reaccionó con una guerra total al narcotráfico, presentando a Colombia ante la opinión mundial como víctima de de un negocio global que no podría resolverse sin la colaboración de todos los países consumidores y productores. Y para que la extradición funcionara era preciso hacer una reforma constitucional, pero mientras tanto trasladó el juicio de los narcotraficantes a la justicia penal militar, y revivió muchas de las normas represivas del Estatuto de Seguridad. 

 

En enero de 1988 el ministro de Justicia Enrique Low Murtra dictó orden de captura contra Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha para extraditarlos. Esta fue una declaración de guerra a los narcotraficantes, pues a los pocos días asesinaron al Procurador General de la Nación e iniciaron el terrorismo indiscriminado, poniendo bombas en centros comerciales, haciendo explotar un avión comercial en pleno vuelo lleno de pasajeros, asesinando centenares de policías, decenas de jueces y de funcionarios públicos, exterminando a la Unión Patriótica. Sin embargo, el gobierno que esperaba negociar con la guerrilla desde una posición más fuerte, reabrió las conversaciones en 1988 poco después del secuestro del principal dirigente conservador, Alvaro Gómez, quien fue liberado para reiniciar las conversaciones; dicha negociación llevó a la firma de la paz con el M-19 a comienzos de 1990, en la cual se daba amnistía a los combatientes y se les ofrecía condiciones favorables para el ejercicio democrático. Esta negociación coincidió con la iniciativa gubernamental de promover una amplia reforma constitucional. 

 

La campaña electoral para el período presidencial 1989-1990 estuvo marcada por la violencia de los narcotraficantes que buscaban forzar al gobierno a suprimir la extradición en dicha reforma constitucional. Los paramilitares y narcotraficantes asesinaron a tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, Bernardo Jaramillo de la UP, y a Carlos Pizarro del M-19. De todos modos el proceso de paz y la búsqueda de la reforma a la constitución se unieron en la elección presidencial de 1990, en la que ganaron César Gaviria en reemplazo de Luis Carlos Galán, y la séptima papeleta que fue introducida por millones de votantes en las urnas para convocar una Asamblea Constituyente. 

 

 

Como las FARC no aceptaron los acuerdos de paz ni quisieron entrar a nuevas negociaciones, el presidente Gaviria autorizó que se reanudara la acción militar contra esta guerrilla; así que las FARC no aprovecharon la oportunidad de entrar a la política legal a través de la reforma constitucional. En los dos años siguientes, mientras el país recibía con euforia la nueva Constitución, las FARC siguieron creando nuevos frentes de combate y participaron en varios intentos de negociación en Caracas y Tlaxcala. 

 

La Asamblea Constituyente elegida en 1990 fue vista por los electores como oportunidad de paz, a pesar de la ausencia de dos guerrillas importantes, las FARC y el ELN. La Asamblea no modificó la carta, sino que expidió una nueva Constitución en la que se fortaleció el respeto a los derechos humanos, el autogobierno local y una carta de derechos politicos, económicos y sociales para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado y sus funcionarios, así como de las limitaciones del aparato social. Por otra parte el gobierno de Gaviria acentuó el retorno al modelo liberal que había comenzado con López y que reemplazó el programa de substitución de importaciones. El país aumentó sus importaciones y los sectores populares se llenaron de aparatos baratos; la agricultura no había respondido a las esperanzas de los dirigentes, y Colombia se convirtió en importador de alimentos. 

 

Para el período 1994-1998 fue elegido presidente Ernesto Samper, cuyo gobierno estuvo marcado por un sorpresivo enfrentamiento con Estados Unidos, por el apoyo que narcotraficantes del Cartel de Cali dieron a su campaña, y muchos sectores locales se unieron para buscar su retiro. Las negociaciones con las FARC, suspendidas en 1993, no se reanudaron durante el gobierno de Samper, y entre 1995 y 1998 vieron como los paramilitares que seguían creciendo, les hacían una campaña implacable. 

 

La fatiga de la población con el enfrentamiento armado creció y llevó a que en la elección presidencial de 1998 el candidato conservador Andrés Pastrana le ganara al liberal Horacio Serpa, ya que las FARC respondieron bien sus gestos en favor de una negociación; ésta recomenzó en enero de 1999 y se llevó a cabo durante tres años, en una amplia zona de distención en el Caguán (Caquetá). El pleno control de este vasto territorio por parte de las FARC, le permitió usarlo como sitio de refugio, área de acumulación de recursos económicos y militares, y lugar de experimentación de nuevas formas de poder local; las FARC confiaban en que podían lograr concesiones importantes, si se firmaba algún acuerdo, y así mantener su poder local en muchos sitios, y en otros ampliarlo mediante la acción política posterior. 

 

Mientras tanto el gobierno, con apoyo de Estados Unidos, estaba modernizando y tecnificando el ejército, lo que le permitiría superar algunas de las dificultades tradicionales para enfrentar una guerrilla móvil. Los paramilitares siguieron expandiendo sus grupos, y en 1997 crearon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se lanzaron a la destrucción armada de los frentes guerrilleros en sus zonas de influencia. Esto llevó a un aumento de la violencia y del terrorismo rural, ya que los grupos guerrilleros expulsados por los paramilitares de las zonas de agricultura moderna, aumentarosn sus ataques armados y empezaron a efectuar secuestros masivos en las principales carreteras. 

 

Entonces el gobierno decidió suspender las negociaciones y recuperar el Caguán. Desde unos meses antes, un candidato liberal disidente, Alvaro Uribe Vélez, había estado mostrando las incongruencias de las negociaciones, y poco a poco su propuesta de suspenderlas y eliminar la zona de distensión había ido ganando respaldo. La opinión pública que había respaldado durante tres años las negociaciones del Caguán, fue arrastrada por la esperanza de un ataque frontal efectivo contra la guerrilla y eligió a Alvaro Uribe con el 53% de los votos. Se cerraba así un primer ciclo de negociaciones, que había durado 20 años, en el que los gobiernos habían buscado terminar la guerra mediante un acuerdo con las guerrillas, pero al cabo de los cuales su poder parecía mayor.