Friday, July 31, 2020

Gobiernos y Políticas en Colombia - Cuarta Parte

2002 – 2020

 

Este es el cuarto y último post de la serie Gobiernos y Políticas en Colombia, serie que se inició el 1o. de Julio en el blog Suesca Linda. En el post anterior que se publicó el 19 de julio se cubrieron los episodios principales de nuestra historia republicana durante el período 1946 a 2002; en este post cubriremos los 18 años más recientes en la vida del país hasta el actual, basados en las publicaciones que se relacionan al final. 

 

Elección y reeleción de Alvaro Uribe: 2002-2010


Álvaro Uribe, quien era miembro del Partido Liberal, se presentó a las elecciones presidenciales de 2002 inicialmente como precandidato de su colectividad. Sin embargo, el precandidato alegó falta de garantías para competir contra el exministro y precandidato presidencial Horacio Serpa, por lo cual decidió presentarse como candidato independiente. Sus principales contendores fueron Serpa, candidato del Partido Liberal; el exdirigente sindical Luis Eduardo Garzón por el Polo Democrático, la exministra Noemí Sanín por el movimiento Sí, Colombia y la senadora Ingrid Betancourt por el Partido Verde; varios dirigentes liberales y el Partido Conservador dieron su apoyo a Uribe.

  


Uribe fue elegido presidente para el período 2002-2006 con el 53% de la votación (un total de 5’862.655 votos), mientras que Serpa obtuvo el 31.8% de la votación (un total de 3’514.779 votos). Desde que empezó a gobernar, Alvaro Uribe siguió un “programa de seguridad democrática” apoyándose en el Plan Colombia de Estados Unidos. Como consecuencia, las FARC tuvieron que enfrentar un gobierno que apoyó con firmeza la acción militar. Para esa época las FARC tenían ya tres veces más frentes armados que 20 años atrás, aunque estaban debilitadas militarmente por la acción más efectiva del ejército, y por la campaña de exterminio dirigida contra los simpatizantes de la guerrilla por parte de los paramilitares. Estas dos acciones combinadas arrinconaron a las FARC, haciéndolas replegar a zonas remotas, algunas de ellas en la frontera con Venezuela y otras en los límites con Ecuador. 

 

El “programa de seguridad democrática” consistió en un aumento del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa, para aumentar el pie de fuerza, crear y dotar nuevas unidades operativas. Además incluía la profesionalización y el fortalecimiento de la fuerza pública. Para ello el gobierno de Uribe impuso como medida para financiar el conflicto armado, el impuesto al patrimonio; asímismo Uribe consolidó la alianza con Estados Unidos para que el conflicto colombiano fuese incluído dentro de la guerra contra el terrorismo, liderada por el entonces presidente George W. Bush. 

 

El gobierno de Uribe desde sus inicios había ofrecido un tratamiento judicial favorable a los grupos armados que se desmovilizaran, aunque este ofrecimiento estaba más dirigido a los grupos paramilitares. Como resultado se entregaron unos 31.000 hombres, presentándose como combatientes, los cuales recibieron condenas a penas breves de prisión. Como lo dice Jorge Orlando Melo (1), “los acuerdos fueron generosos y su aplicación desordenada”, y algunos de los jefes principales, que siguieron dedicados a negocios de narcotráfico desde la cárcel, fueron extraditados en 2008. En muchas regiones, la entrega de los paramilitares dejó intactas las estructuras de poder local, reteniendo así  el control de la política y del presupuesto.

 

En 2008 se reveló el caso de los denominados falsos positivos, o ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Uribe había creado una política según la cual los comandantes y soldados que daban “resultados”, es decir bajas en combates con la guerrilla, recibían premios, vacaciones y ascensos mientras que los comandantes que no reportaban resultados eran disciplinados y castigados. La política enfatizaba el número de muertos y no premiaba a los militares por capturar a guerrilleros sino por reportar el número de muertos en combate. Posteriormente salió a la luz que varias unidades del ejército ejecutaron a civiles, muchos de ellos de bajos recursos, para hacerlos pasar como bajas en combate y así inflar los “resultados”, con lo cual se quería mostrar el éxito de la política de seguridad democrática.

 

Uribe fue reelegido para el período 2006-2010 después de impulsar una reforma a la Constitución que permitía la reelección inmediata, la cual fue aprobada en diciembre de 2004 por el Congreso y declarada constitucional el 19 de octubre del 2005 por la Corte Constitucional. Entonces Uribe siguió la misma línea dura contra la guerrilla de las FARC en su segundo mandato, entre el 2006 y el 2010. Sin embargo, en 2008 la Representante a la Cámara Yidis Medina confesó en 2008 haber recibido dádivas del gobierno a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió al presidente Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. 

 

Entretanto el movimiento guerrillero llegó a un muro que parecía insuperable, pues no tenían mayor apoyo ni urbano ni rural, aparte de los campesinos vinculados al negocio de la coca. En esa época la economía estaba creciendo y se tenían programas de atención a los más pobres, lo cual desanimaba a posibles adeptos a una revolución. Además la guerrilla estaba debilitada por la muerte de sus principales jefes, y golpeada por operaciones exitosas del ejército, como el rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2008, quien estuvo secuestrada durante siete años. 

 

La guerrilla parecía derrotada; no obstante, el uso de métodos ilegales por parte del ejército produjo estupor en la opinión pública. Se comprobó luego que durante la presidencia de Uribe centenares de líderes sociales indígenas fueron asesinados, 32 pueblos de menos de 500 personas fueron casi exterminados, y unos 74.000 indígenas fueron desplazados. Estos excesos y su desatención a la legalidad en la aplicación del acuerdo de paz con los paramilitares, debilitaron al gobierno de Uribe, y en las elecciones presidenciales de 2010 los electores votaron masivamente por el exministro liberal Juan Manuel Santos, que prometía continuidad y firmeza contra la guerrilla, pero sin las arbitrariedades del gobierno que terminaba. 

 

Gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018)

 

Luego de que la Corte Constitucional le negó al entonces presidente Alvaro Uribe la posibilidad de ser elegido por tercera vez, Santos se presentó como el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de 2010, obteniendo en la primera vuelta 6’802.043 votos (46.7% de la votación), doblando a su principal rival, el candidato del Partido Verde Antanas Mockus, quien obtuvo 3’134.222 votos. En la segunda vuelta Juan Manuel Santos, como candidato del Partido de la U, logró ganar con cerca del 70% de los votos, saliendo elegido presidente de Colombia para el período 2010-2014. 


 

Unos meses después de su posesión, Santos al romper con el autoritarismo del gobierno anterior perdió el apoyo de los sectores más cercanos a Alvaro Uribe, y su antiguo mentor se transformó en su más grande contradictor político; esta rivalidad determinó la impopularidad de Santos como presidente, no obstante las iniciativas de justicia social que emprendió al comienzo de su mandato, como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que sancionó el 10 de junio de 2011 en presencia del Secretario General de Naciones Unidas (3).  También el título de su Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para todos, reflejaba el optimismo que quería inyectar el gobierno en la opinión pública nacional.

 

 

Desde el inicio de su gobierno, Santos comenzó a buscar la forma de finalizar el conflicto con la guerrilla de las FARC mediante negociación, aunque sorteando la presión política en su contra. dado el desprestigio de las negociaciones fracasadas en el Caguán.  Después de dos años como presidente, Santos anunció el 27 de agosto de 2012 que el gobierno colombiano había entablado conversaciones exploratorias con las FARC para ponerle fin al conflicto. También dijo que aprendería de los errores de los presidentes anteriores que lo habían intentado, pero que no lograron un alto al fuego duradero con las FARC. Pero mientras tanto, los militares siguieron operando en toda Colombia mientras se daban las conversaciones. El expresidente Uribe criticó a Santos por buscar la paz "a toda costa", en contraste con el rechazo de las conversaciones por su parte. 

 

El 16 de octubre de 2012 se llevó a cabo la sesión inaugural de las conversaciones de paz con las FARC en Oslo, Noruega, las cuales continuaron en La Habana, y allí se prolongaron por varios meses. En 2014 Santos se jugaba la reelección, la cual era necesaria para darle continuidad al proceso; el 12 de marzo Santos lanzó oficialmente su campaña bajo el lema: "Hemos hecho mucho, hay mucho por hacer". En las elecciones del 15 de mayo, Santos obtuvo el 25,69% de los votos, quedando atrás de su principal rival, Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, que obtuvo el 29,25% de los votos. Como ningún candidato obtuvo la mayoría requerida, se procedió a una segunda vuelta electoral, en la cual Santos recibió el respaldo y el apoyo de su ex-rival electoral Clara López Obregón, del Polo Democrático, y también de miembros disidentes de los partidos conservador y verde. Así fue como el 15 de junio de 2014 Santos ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 50.95% del voto popular, para un segundo mandato. 

 

Después de llevar cinco años de conversaciones, las FARC y el gobierno nacional anunciaron el 24 de agosto de 2016 que se había firmado un acuerdo de paz, que incluía complejas fórmulas de “justicia transaccional” que permitieran sancionar a los guerrilleros por sus delitos, y al mismo tiempo dejaba campo abierto a sus dirigentes para la participación en política. Luego, en un solemne y concurrido acto en Cartagena, presidido por el Secretario General de las Naciones Unidas, Santos y Timochenko firmaron el Acuerdo el 26 de septiembre. Sin embargo, a pesar de tener las facultades constitucionales para su refrendación directa, el presidente quiso someter el acuerdo a una refrendación por parte del pueblo, y convocó a un plebiscito para el 2 de octubre.

 

El 7 de octubre de 2016, Santos fue anunciado como el ganador del Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos en la negociación de un tratado de paz con las FARC, a pesar de su derrota en el referéndum celebrado sobre el acuerdo, donde el “No" liderado por el partido del Centro Democrático ganó mediante una campaña sistemática de mentiras y generación de miedo (2). El gobierno colombiano y las FARC, luego de discutir más de 400 modificaciones al texto del Acuerdo en extensas sesiones de trabajo, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre, un acuerdo de paz revisado y lo enviaron al Congreso para su ratificación. El Senado y la Cámara refrendaron el acuerdo modificado, el 29 y el 30 de noviembre de 2016 respectivamente, marcando así el fin del conflicto. Las concesiones a las FARC relativas a políticas públicas fueron pocas, centradas en hacer una reforma constitucional integral, no muy distinta de la que se había intentado en 1968. 

 

En septiembre de 2017 el papa Francisco visitó Colombia, incluyendo cuatro ciudades: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena; en conversación privada con el presidente Santos, el papa le compartió que él también había tenido que conjurar las divisiones en el seno de la Iglesia (3). El papa había sido y sigue siendo el mejor amigo de la paz de Colombia; con su actitud, su sencillez y su mensaje de reconciliación y esperanza se ganó el corazón de todos los colombianos. No obstante haber ganado muchos premios y reconocimientos internacionales por su iniciativa de paz, Santos dejó el cargo con uno de los niveles más bajos de aprobación popular de la historia, y paradójicamente su sucesor fue el nuevo protegido de Uribe, Iván Duque Márquez, un crítico moderado del Acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.


Gobierno actual: 2018-2020


El 27 de mayo de 2018 Iván Duque Márquez ganó la primera vuelta presidencial con el 39.14% de la votación, que corresponden a un total de 7’569.693 votos, y el 17 de junio del mismo año resultó ganador de la segunda vuelta con el 54% de la votación, sobre su rival Gustavo Petro. En los dos primeros años de su mandato ha tenido que afrontar severas críticas, primero por su posible vinculación con la organización Odebrecht, causante de un gran escándalo de corrupción a nivel latinoamericano. Por otra parte la prófuga senadora Aida Merlano le ha hecho acusaciones graves sobre compra de votos en los departamentos de la costa atlántica, lo cual ha puesto en duda la legitimidad de su elección. 



 Su agenda política ha estado caracterizada por varias crisis y choques con el poder legislativo y judicial, desde las primeras acciones de su gobierno al objetar la Ley que creaba la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) según se había acordado en el Tratado de Paz con las FARC. Las objeciones de Duque fueron rechazadas al recibir 110 votos negativos en la Cámara de Representantes y 40 votos en contra en el Senado, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional. Además, la misma Corte hundió la reforma tributaria tal como fue presentada por el gobierno, al declararla inexequible. No obstante el gobierno persistió y logró la aprobación parcial modificada de su proyectada reforma, en las postrimerías del año 2018.

 

En materia de derechos humanos, el 6 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una moción de censura en el Congreso de la República en contra del ministro de Defensa Guillermo Botero, quien tuvo que renunciar; ésta fue la quinta moción de censura presentada en contra de un ministro de su gobierno en menos de un año. En sesión plenaria en el Congreso se presentaron pruebas de nuevos casos de falsos positivos. Adicionalmente, el 21 del mismo mes tuvo que afrontar un Paro Nacional pacífico, aunque se presentaron disturbios en Bogotá y Cali que motivaron el primer toque de queda que se declara desde 1977. Como resultado de dicho paro nacional el índice de popularidad del gobierno de Duque cayó a un 26%.

 

Durante los dos primeros años del gobierno de Duque ha habido repetidos rumores, denuncias y noticias de prensa nacional e internacional, acerca de las actividades de la contrainteligencia del ejército, que de manera ilegal intercepta las comunicaciones a periodistas, jueces magistrados y representantes de la oposición, ya que constituyen una repetición del escándalo de las “chuzadas” del DAS en febrero de 2009, y que había conducido a la supresión de dicho Departamento Administrativo, al comprobarse el espionaje a periodistas, senadores y magistrados que se oponían al gobierno de Alvaro Uribe, jefe del Partido Centro Democrático al cual pertenece el presidente. 

 

Referencias

 

1.     Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, Turner Publicaciones, 2017.

2.  Eduardo Pizarro Leongómez, Cambiar el futuro – Historia de los procesos de paz (1981-2016), Penguin Grupo Editorial, 2017.

3.     Juan Manuel Santos, La batalla por la paz – El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo, Editorial Planeta, 2019.

4.     Wikipedia, se usó principalmente para la obtención de las fotografías de los mandatarios aludidos.

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